En Sesión Ordinaria
en el Congreso del Estado, el Coordinador de la Fracción Parlamentaria del PRD,
Carol Antonio Altamirano, presentó un Punto de Acuerdo, que fue aprobado por
unanimidad por el Pleno Legislativo, con la finalidad de permitir y facilitar
la donación de terrenos a ferrocarrileros en el municipio de Matías Romero en
la región del Istmo.
Al hacer uso de la
tribuna, el legislador del Sol Azteca exhortó a Ferrocarriles Nacionales de
México en Liquidación, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Función
Pública, al Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y al Ayuntamiento del
municipio de Matías Romero Avendaño, Oaxaca; para que en el ámbito de sus
respectivas competencias, establezcan los procedimientos jurídicos y administrativos, que permitan y
faciliten la donación de 306,279.49 metros cuadrados, en donde actualmente
están asentados 493 lotes urbanos, en favor de jubilados y pensionados
ferrocarrileros, sucesores, beneficiarios y posesionarios en aptitud de
adquirir la propiedad en Matías Romero.
Carol expresó que se
debe donar a favor del municipio de Matías Romero el área de 146,294.42 metros cuadrados
aproximadamente que ocupó el área de talleres y otros servicios ferroviarios
para destinarse exclusivamente al beneficio social, prioritariamente en favor
de la preservación del medio ambiente y equilibrio ecológico.
“Lo que proponemos
tiene por objetivo reforzar lo acordado por el Legislativo Federal; cabe
señalar que el 22 de agosto la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,
aprobó un exhorto en el mismo sentido dirigido a las mismas autoridades para
que atiendan esta problemática”, dijo.
El líder
parlamentario del Sol Azteca en el Congreso del Estado, subrayó que atender
esta petición, es atender un reclamo de justicia social; “es un tema de
justicia para los jubilados y pensionados que dieron su vida a los
Ferrocarriles Nacionales y que hoy viven en condiciones precarias; es un tema
de justicia para sus sucesores y posesionarios que viven en situación de
pobreza y sin certeza jurídica”.
El legislador
istmeño dijo que es deber de las autoridades gubernamentales, escuchar a los
ciudadanos, comprender sus necesidades y facilitar el desarrollo de cada sector
social. En este caso no debemos retardar más la atención debida, pues lo que
está en juego es la seguridad jurídica de muchas familias de Matías Romero.
“Como legisladores,
debemos atender la realidad social y el reclamo de la gente; es deber de las
autoridades involucradas en los procesos que deriven en las donaciones, el no
lesionar los derechos humanos de los pensionados y jubilados de la paraestatal
en liquidación, sus beneficiarios y los posesionarios en general de esos
bienes, así como el interés colectivo; destinando en este último caso, los
bienes para el bienestar común de la población”, finalizó.
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