Alberto López Morales
JUCHITÁN, Oax.-La
imagen es cruenta. La blusa verde muestra las manchas de sangre que brotan del
pómulo, la nariz y los labios rotos a golpes. Nada qué ver con el sonriente
rostro de “María” cuando vende sus frescas flores en el mercado de esta ciudad
zapoteca.
“María”, de 40
años de edad, madre de cinco hijos y casada con un elemento de la policía
municipal, pidió la asistencia legal del Centro de Apoyo y Atención a la Mujer
Istmeña (CAAMI), porque el pasado tres de octubre fue golpeada por su esposo
por tercera vez.
“Los niveles de
violencia hacia las mujeres va en aumento en el Istmo de Tehuantepec. El
problema se agrava porque la violencia ahora afecta más a mujeres de entre 15 y
30 años de edad”, reveló Rogelia González Luis, defensora de los derechos de
las féminas desde 1999.
Desde la
plataforma civil del Grupo de Mujeres “8 de Marzo”, en el año 2001 se creó el
CAAMI que otorga el acompañamiento legal y psicológico hacia mujeres
violentadas por sus parejas, como el caso de “Juana”, una indígena ikoots de
San Mateo del Mar.
El caso de
“Juana”, dijo González Luis, demuestra que en Oaxaca no hay justicia para las
mujeres. Ella peleó una pensión alimenticia para sus cuatro hijos. Un Juzgado
resolvió a su favor, pero su esposo, que es autoridad de San Mateo del Mar, se
niega a cumplir el mandato judicial.
“Juana”, víctima
de la violencia física y económica, tenía una tortillería que finalmente perdió
porque su esposo se la arrebató. Ella no se arredró y compró otra pequeña
máquina tortilladora pero terminó endeudada con 70 mil pesos con el
distribuidor de la harina de maíz.
Tras la fundación
del CAAMI, llegó la creación de la Casa/Refugio “China Yodo” en el año 2003.
Actualmente viven ahí y bajo la protección legal cuatro mujeres que no pueden
regresar a sus viviendas ante los golpes y amenazas de sus respectivos esposos.
“La violencia
hacia las mujeres va en aumento en el Istmo. Es muy grave porque no solo está
en riesgo la integridad de ellas, sino que también se arriesga la integridad de
las defensoras, de las psicólogas y de las trabajadoras sociales que reciben
amenazas”, explicó Rogelia González Luis.
La violencia
alcanza a los menores de edad, añadió al informar que actualmente personal
especializado del CAAMI otorga la ayuda psicológica y asistencia legal a 10
menores que fueron víctimas de la violación sexual por parte de sus familiares.
“La situación con
esos menores es sumamente delicada, precisó al tiempo de señalar que “la
aplicación de la ley desde los llamados Juicios Orales favorece a los que
violentan los derechos de las mujeres y los niños. Simplemente no hay
justicia”, apuntó la defensora.
En el CAAMI,
explicó González Luis, se ventila el caso de “Sofía”, una señora que vende
dulces en una escuela de esta ciudad. Por los golpes infringidos por su esposo,
un profesor del nivel de educación indígena, decidió no regresar a vivir con
él. Su cónyuge quiso matarla con una navaja.
“Sofía” vive
ahora en medio del temor a pesar de que cuenta con una orden de protección
emitida por un juez quien ordenó al profesor que no se acerque a su víctima,
“pero el proceso sigue y no hay forma de castigar al agresor”.
Inconcluso el Centro
de Justicia para Mujeres en el Istmo
Frente a ese
panorama de creciente violencia que afecta más a mujeres jóvenes y de condición
indígena, abandonado entre la maleza y los escombros el edificio que albergaría
al Centro de Justicia para Mujeres de la Fiscalía oaxaqueña quedó inconcluso.
“No es posible
que bajo el pretexto del recorte presupuestal, el gobierno de Oaxaca haya dejado
sin terminar el Centro de Justicia para Mujeres Víctimas de la Violencia”,
reprochó la defensora de los derechos de las mujeres del Istmo de Tehuantepec.
Frente al
creciente clima de violencia hacia las mujeres en el sur de Oaxaca y ante la
actitud omisa del gobierno estatal, en el año 2004 diversas organizaciones
indígenas crearon la Red Institucional contra la Violencia hacia las mujeres.
En su momento,
como Red Institucional le exigimos al gobierno de Oaxaca la terminación y el
equipamiento del Centro de Justicia para las Mujeres del Istmo. Ahora volvemos
a demandar que la obra se termine, dijo Rogelia González.
La construcción del
Centro de Justicia para Mujeres víctimas de la violencia comenzó en marzo del
año pasado con una inversión federal de ocho millones de pesos y la aportación
estatal de un millón 200 mil pesos.
En junio de este
año la Fiscalía oaxaqueña fue notificada de la reducción del presupuesto y dio
a conocer que la construcción del Centro de Justicia quedaría en suspenso. Hoy
el edificio luce en el abandono y el olvido.
No tiene salas de
juicios orales, estacionamiento, agua, electricidad, drenaje, área de juzgados,
sanitarios. Solo es un enorme cascarón circular que languidece ante la lluvia,
sol y viento, sin vigilancia y entre la maleza que nadie corta.
La violencia
hacia las mujeres en el Istmo, se inscribe en el contexto estatal. Durante el
sexenio de Gabino Cué, que concluirá el 30 de este mes, las organizaciones no
gubernamentales registraron 600 feminicidios en la entidad. El doble que
registró el gobierno de Ulises Ruiz.
