sábado, 28 de febrero de 2015

Crece malestar en Mixtequilla; retienen vehículos



Alberto López Morales
     SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, Oax.- La irritación crece entre los pobladores de esta comunidad. Hay molestias contra el alcalde priísta Juan Jiménez Carballo, desconocido en agosto del año pasado. Hay enojo contra el gobierno de Oaxaca y el Congreso local porque “protegen al edil”.
     La irritación se agudizó el jueves, cuando los opositores al presidente desconocido bloquearon la súper carretera y retuvieron más de 30 vehículos de empresas privadas que transportan gas, oxígeno, panes, refrescos, cemento, varillas, alimentos, ropa y enseres.
     Inconforme con el presidente municipal, la población se agrupó desde el año pasado en una asamblea popular y recientemente los líderes del PRI, PRD y MORENA unieron sus fuerzas para boicotear la próxima elección federal si el gobierno no revoca el mandato del edil.
     “Hemos tenido varias reuniones con funcionarios de Oaxaca y con los diputados locales y ya les dijimos que la solución al conflicto político de Mixtequilla pasa necesariamente por el desconocimiento de Juanito Carballo Jiménez”, explicó el ciudadano Adelaido López Gallegos.
     Frente al viejo palacio municipal en desuso desde que su estructura sufrió daños tras el sismo del 12 de febrero de 2008, grupos de mujeres y personas de la tercera edad permanecen vigilantes. Sobre la avenida principal de por sí no había paso para los vehículos.
     Ahora el tránsito peatonal se torna difícil. Al lado de las pipas de agua y maquinaria pesada del ayuntamiento, están estacionados algunos de los vehículos con su respectiva carga, retenidos desde ayer “para obligar al gobierno a que se instale una mesa de diálogo”.
     En otro punto de la población, como en la avenida Ferrocarril, cerca del barrio Nuevo, hay una larga fila de camiones de doble remolque que transportan refrescos, cemento y alimentos. Los choferes están a unos 100 metros, cerca del módulo de riego,
“fueron a desayunar”.
     Desde agosto hasta la fecha el clima de inseguridad ha crecido. “Hay asaltos y robos a casas/habitación”, dicen los vecinos. Los servicios municipales están colapsados. Desde hace más de un mes la población carece de agua potable. Las mujeres van al canal a acarrear el agua.
     Bajo la sombra de un gran enorme árbol de mango, a la orilla de uno de los canales que cruzan la población, el grupo de choferes de los camiones retenidos esperan impacientes alguna noticia. Todos ya hablaron a las oficinas de sus respectivas empresas. No pueden salir del pueblo.
     “A mí me detuvieron como a las seis y media de la tarde. Me dijeron que era para presionar al gobierno para que destituya al presidente y para que haya obras en la población”, explicó Leandro Cruz, conductor de la empresa TDR procedente del Distrito Federal con destino a Salina Cruz.
     El presidente municipal, Juan Carballo Jiménez fue desconocido debido a que nunca informó el destino de los casi seis millones de pesos asignados al ayuntamiento, porque no hizo ninguna obra en el primer semestre del año pasado y porque dicen que “metió a la nómina a sus parientes”.
     Durante la Noche Buena del año pasado, el edil fue encarcelado y recibió la Navidad en la fría celda de ladrillos. Hace apenas unas semanas, su casa fue apedreada y frente a ella, la población tiró y quemó la basura, molesta porque el edil no ha pagado el suministro del agua potable.
     De acuerdo con el presidente de los comuneros de esta localidad, los cinco regidores opositores al edil han expresado su deseo de solicitar licencia para que decrete el vacío de poder y con ello proceda la desaparición de poderes.
     Por el momento, los dirigentes del PRI, Humberto Lascaray Orozco, del PRD, Adelaido López y de MORENA, Tomás García Toledo acordaron que no permitirán la instalación de casillas para impedir la elección de diputados en junio de este año, mientras no desconozcan al edil Carballo.
     Entre la población, que no supera los seis mil habitantes, quienes cuidan frente al viejo edificio del palacio, los accesos a la población y el área conocida como la avenida Ferrocarril, donde se localizan los vehículos de doble remolque, se preguntan: ¿quién protege al presidente Carballo?
     Nadie sabe quién protege al priísta conocido como Juanito Carballo Jiménez, pero todos saben que el conflicto derivado del desconocimiento del edil ha afectado la vida de la comunidad. “Mixtequilla es un pueblo trabajador que no merece vivir esta situación”, dijo doña “Lola”.
     Doña “Lola”, quien prefirió identificarse con ese nombre, es una de tantas mujeres anónimas que ahora al lavar la ropa en el canal, “ayudan a los viejitos a llenar sus botes de agua para el uso doméstico, porque para el consumo humano, el tambo de 200 litros cuesta 30 pesos”.
     Los pobladores de la comunidad conocida como “La Pequeña Venecia del Istmo”, porque ahí cruzan el canal principal y  los laterales de la presa “Benito Juárez”, viven bajo una tensa calma. Temen que de un momento a otro entre la policía para rescatar los camiones de las empresas.
     “Desde agosto del año pasado hemos pedido que el gobierno ayude a resolver el problema político, pero nadie nos ha hecho caso. El pueblo ya se cansó. Queremos que el gobierno escuche”, dijo don Carlos, de unos 75 años quien advirtió: “si nadie hace caso, no habrá votación, eh”.
     El ánimo de la población no refleja dudas. Radicalizó coordinadamente sus acciones. Bloqueó el paso vehicular y tomó vehículos para “presionar al gobierno de Oaxaca”. En los accesos de la comunidad la vigilancia persiste, mientras que en todo el pueblo, la irritación crece.

viernes, 27 de febrero de 2015

"No vamos a liberar a los talamontes", dicen Chimalapas



Alberto López Morales
     SANTA MARÍA CHIMALAPA, Oax.- La exigencia de los comuneros zoques retumbó en el amplio auditorio: si el gobierno de Oaxaca no viene acá a la comunidad, ¡no vamos a liberar a los invasores enviados por los chiapanecos!
     Otra vez, como en otros años, la población zoque de esta localidad chimalapa mostró su hartazgo ante la impune invasión chiapaneca hacia las tierras comunales y como en años anteriores, demandó del gobierno de Oaxaca, firmeza para la defensa del territorio oaxaqueño.
     De los grandes ventanales del auditorio, asomaban sus inocentes rostros los niños y los más jóvenes que aún no participan en las asambleas, deseosos de saber el destino de los tres detenidos por comuneros de San Francisco la Paz, desde las 11 horas del lunes 23 de febrero.
     A unos escasos 10 metros del auditorio, en la parte baja del palacio municipal, los tres retenidos: Raymundo Salmerón Mandujano, Fernando Jiménez Gutiérrez y Benjamín Moreno Rivera, permanecían en silencio, bajo la discreta custodia de dos policías municipales.
     En diciembre de 1986, antes que se construyera el amplio auditorio testigo de las decisiones zoques para la defensa de sus tierras, solo existía una cárcel pequeña donde fue encarcelado Ernesto Castellanos, hermano del entonces gobernador chiapaneco Absalón Castellanos.
     Como una escena de la repetición del pasado, otra vez los comuneros zoques, con sus invitados bajo el estatuto comunal de la figura de “arraigo comunitario”, ahí estaban en el auditorio que antes fue cárcel municipal, para exigir que Oaxaca frene el expansionismo chiapaneco.
     “Fuimos engañados por el señor Óscar Gordillo, de Cintalapa, Chiapas”, dijo en su defensa, durante la entrevista, el señor Raymundo Salmerón. “A mí me contrató por un sueldo de mil 200 pesos semanales para limpiar el terreno”, asentó Benjamín Moreno.
     “Yo solo tenía un día, a diferencia de mis compañeros que llevaban una semana limpiando el paraje de La Reforma, porque un familiar me dijo que eran tierras de Chiapas y pues, yo andaban buscando tierras para la familia”, terció Fernando Jiménez, el más joven de los tres retenidos.
     Frente al enviado de la Secretaría General del Gobierno de Oaxaca (Segego), Miguel Clímaco, las autoridades comunales encabezadas por Hildeberto Mendoza González y el presidente municipal, Silaín Hernández, informaron que los tres detenidos estaban en buenas condiciones de salud.
     “El pueblo y los policías nos han tratado bien, tenemos nuestros alimentos. Hoy recibí la visita de mi familia que ya se retiró y mi familia avisará a la familia de todos que estamos bien. Ya nos bañamos y ya nos cambiamos de ropa”, admitió en entrevista Salmerón Mandujano.
     Tanto en la asamblea como en el encuentro que sostuvieron más tarde con el enviado de la Segego, las autoridades comunales y municipales, así como diferentes voces de comuneros demandaron que los gobiernos federal y estatal frenen las provocaciones de los chiapanecos.
     Los comuneros recordaron que a pesar de las resoluciones del Juzgado de Salina Cruz y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitidas desde el año 2012, los chiapanecos crearon el municipio Belisario Domínguez, en tierras zoques de San Miguel Chimalapa.
     También recordaron la aparición del llamado “el Ejército Chamula” de la zona Los Ocotones, y del que hace poco anunció su creación por los parajes La Hondonada y Agua Fría, en la zona oriente de San Miguel Chimalapa.
     “Nosotros somos un pueblo pacífico pero que tiene experiencia para defender sus selvas y el territorio de Oaxaca, por eso le exigimos al gobierno de Oaxaca que defienda con firmeza a los chimalapas”, declaró el presidente municipal, Silaín Hernández.
     Afuera del auditorio, la vida transcurre con aparente normalidad. Niños y niñas de primaria brincan de las ramas de los pequeños árboles a la tierra y vuelven a treparse a las ramas. Las mujeres van de compras a las pequeñas tiendas de abarrotes y los hombres dialogan entre sí.
     De vez en cuando, algunos miran hacia la parte baja del palacio de dos plantas. En ese lugar, permanecen libres, es decir, sin estar encerrados ni atados los tres hombres enviados por Óscar Gordillo, el líder de los campesinos de Cintalapa, Chiapas, a crear un nuevo núcleo de población.
     Según habitantes de San Francisco la Paz, los tres hombre retenidos desde el lunes pasado en el paraje La Reforma, y otras 60 personas más, ya habían “clareado” o limpiado casi 150 hectáreas de tierras. “No es la primera vez que lo hacen y por eso pedimos que venga acá el gobernador”.
     Los chimalapas no quieren ceder. Incluso dudan que la defensa jurídica que presentó el gobierno de Gabino Cué, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como la controversia tenga el mejor argumento. “Queremos respuestas”, soltó el comisariado Hildeberto Mendoza.
     “No queremos violencia, queremos que el problema se solucione. No queremos que venga la policía, queremos que venga el gobernador o el titular de la Segego para defender juntos a los chimalapas. Les damos garantías”, insistía una y otra vez el edil Silaín Hernández.
     Por la tarde/noche, mientras los niños y las niñas buscaban el descanso en sus hogares, ajenos al clima de tensión que envuelve sus vidas, en una segunda asamblea del día los comuneros ratificaron su postura: los retenidos serán liberados solo con diálogo de alto nivel.
     En dicho encuentro nocturno, donde participaron poco más de 200 comuneros, la asamblea comunal de los chimalapas exigió ahora no solo la presencia del titular de la Segego, sino también de funcionarios de la Secretaría de Gobernación.
     Durante el conflicto entre los zoques de San Miguel Chimalapa y Chiapas, entre octubre y diciembre del 2011, la Segob se comprometió a ser garante para evitar el resurgimiento de nuevos conflictos. “Ha incumplido”, acusaron los chimalapas, durante ambas asambleas.
     Chiapas tiene en su poder más de 150 mil hectáreas de tierras de San Miguel Chimalapa y Santa María Chimalapa, donde están asentados más de una docena de ejidos creados tras la resolución de 1967 y “no vemos una defensa seria y contundente del gobierno de Oaxaca”, denunciaron.



martes, 24 de febrero de 2015

Capturan chimalapas a 3 "invasores" chiapanecos



+Los 3 chiapanecos están bajo la figura de "arraigo comunitario"
+Fueron detenidos en San Isidro la Gringa, donde "clarearon" 150 has

Alberto López Morales

     Al menos tres chiapanecos se encuentran detenidos en Santa María Chimalapa bajo el régimen indígena de “arraigo comunitario”, tras ser detenidos en la zona conocida como San Isidro la Gringa, al nororiente de la cabecera zoque, donde realizaban labores para construir un nuevo centro de población.

     Los chiapanecos, cuyas identidades no ha sido revelada por la autoridad comunal que preside Idelberto Mendoza, manifestaron ser originarios del poblado General Rafael Cal y Mayor, que pertenece a Cintalapa, Chiapas y de acuerdo con las versiones de los comuneros, pretendían crear un nuevo núcleo de población bajo las órdenes de Óscar Gordillo.

     Por la mañana de este martes, la asamblea general de los comuneros de Santa María Chimalapa se opuso a que el comisariado comunal Idelberto Mendoza entregara a los retenidos a la autoridad ministerial y acordó que se sometieran bajo la figura de “arraigo comunitario”, y demandó la presencia de funcionarios de Oaxaca y Chiapas en la comunidad zoques.

     De acuerdo con información que proporcionaron los comuneros zoques del poblado San Francisco la Paz, quienes detuvieron a los tres chiapanecos, en la zona conocida como La Reforma, en la jurisdicción de San Isidro la Gringa, hay presencia de unas 60 personas que “clarearon” una superficie de 150 hectáreas donde pretenden asentarse.

     El territorio de San Isidro la Gringa fue recuperado por los zoques en 1994, tras un acuerdo suscrito con la entonces Secretaría de la Reforma Agraria y los gobernadores de Oaxaca, Diódoro Carrasco Altamirano y de Chiapas, Javier López Moreno. La superficie recuperada es de poco más de 42 mil hectáreas que desde esa época ha sido invadida por chiapanecos y veracruzanos.

     Cabe destacar que las dos comunidades zoques de San Miguel y Santa María Chimalapa disputan 150 mil hectáreas de selva que el estado de Chiapas reclama como suyas y en donde se asientan más de una docena de ejidos chiapanecos que pertenecen a Cintalapa, Chiapas.

     Actualmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tiene pendiente de emitir su fallo sobre una controversia constitucional que presentó el gobierno de Oaxaca para reclamar la posesión de esas tierras que están bajo el control administrativo de Chiapas, como el municipio de más reciente creación, denominado Belisario Domínguez, conocido como ejido Rodulfo Figueroa.