A QUIEN
CORRESPONDA:
Por medio
del presente enviamos un comunicado del PDPR-EPR, emitido por el comité Estatal
y la comandancia de zona en Michoacán
De antemano
agradecemos su atención.
ATENTAMENTE:
Comandancia de Zona del Ejército Popular Revolucionario
AL PUEBLO DE MICHOACAN
AL PUEBLO DE MÉXICO
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES
A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS, POPULARES Y REVOLUCIONARIAS
A LOS NORMALISTAS EN PIE DE LUCHA
A LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE TODO EL ESTADO DE MICHOACAN
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
Los recientes acontecimientos de represión contra el movimiento
estudiantil-popular, hace más evidente y comprueba por la vía de los hechos el
verdadero rostro y la política represiva del gobierno de Fausto Vallejo
Figueroa, carácter represivo que emana del origen político de la fracción más
autoritaria que representa al poder económico y político del PRI de viejo cuño.
Michoacán es el ejemplo de la política que va a seguir el gobierno de Enrique
Peña Nieto.
Con la represión contra estudiantes
normalistas y contra todas las organizaciones populares, queda de manifiesto
también el gran descontento social que existe en Michoacán y la voluntad
popular de combatir contra un gobierno antipopular y represivo, que se empeña
en imponer las políticas neoliberales que lesionan en todos los aspectos a la
clase trabajadora.
Resultan pueriles y perversas las
declaraciones empresariales de sostener que en Michoacán no hay lucha de
clases, absurdo y nefasto que los burgueses hoy se quieran presentar como
proletarios, las supuestas “relaciones obrero patronales” sólo reflejan y
comprueban una cosa: las relaciones de producción capitalistas sólo generan
explotación económica y opresión política que los grupos empresariales, vamos
pues la burguesía, ejercen contra millones de michoacanos.
La campaña de linchamiento
gubernamental-empresarial es reforzada con la censura y autocensura de los
medios de comunicación monopólicos, y auto sometidos a los intereses
gubernamentales y oligárquicos. Es fácil comprender que cuando un medio de
comunicación tiene un origen oligárquico por todos los medios se tratará de
imponer una dictadura de opinión, es decir, la opinión y la visión de los
grupos empresariales que siguen enriqueciéndose con la apropiación de la
riqueza social que genera el pueblo. La campaña mediática que aún se sostiene
desde las cúpulas gobernantes y empresariales tiene un solo propósito:
justificar una nueva oleada de represión contra todo el conjunto del movimiento
popular.
De esta jornada represiva también
brota una verdad absoluta, detrás del gobierno de Fausto hay una mano visible
que mece la cuna, esa es la de los grandes empresarios que siempre han medrado
con y desde los diferentes gobiernos estatales, gobiernos han ido y venido y
siempre ha predominado el interés particular sobre el interés social. ¿Dónde se
ha visto que la fortuna de un gran empresario sea lícita?, ¿Quién cree aún que
la fortuna que amasan los Ramírez, los Medina, los Sixtos y Ruíz, las Barragán,
los Chávez, etcétera sea producto del sudor de su frente? Toda fortuna, todo
capital concentrado en manos de la burguesía, la oligarquía y politicastros
tiene una historia truculenta, es la historia del despojo, es decir, la
historia de la acumulación originaria del capital por métodos mafiosos y
terroristas.
Grandes empresarios y politicastros
tienen un mismo sendero de origen y destino delincuencial, porque despojar a
ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios de su patrimonio constituye ante
todo un acto criminal; y hacer o poner negocios que envenenan al pueblo es una
conducta antisocial y mafiosa porque atentan contra la salud y la vida del
pueblo. Esta truculenta historia nada tiene que ver con la honorabilidad, la
democracia y la cultura de la legalidad en la que se amparan los enemigos del
pueblo y los defensores del sistema que se querían ensañar jurídicamente contra
jóvenes normalistas.
A esta cruzada represiva se unieron
panistas y priistas que se identifican plenamente con la política económica
neoliberal que hunde al pueblo en la precariedad, la miseria y la marginación;
su política represiva es la misma que da como resultado la criminalidad desde y
para el Estado.
Carecen de sustento los argumentos
pueriles que desde el gobierno estatal, los grupos empresariales y la cúpula de
las fuerzas represivas vociferan para criminalizar al descontento popular en
Michoacán. Ciertamente, atrás del movimiento estudiantil-popular están las
profundas causas objetivas que engendran la pobreza, la miseria, la
desigualdad, la marginalidad producto de las políticas neoliberales, por tanto
los únicos responsables son aquellos que han patrocinado por oficio o beneficio
las políticas que generan iniquidad en todos los sentidos.
La verdad que se pretende ocultar es
que el pueblo de Michoacán ha levantado las banderas contra la privatización de
la educación, he ahí la esencia del problema, no se trata solamente de
asignaturas curriculares, sino de la lucha contra la privatización de la
educación y la exigencia de que ésta es un derecho inconculcable, una lucha
unitaria contra el proceso de derechización en los centros de enseñanza pública
y contra el proceso de transculturación que se quiere imponer a los pueblos
originarios para volverlos dóciles y serviles ante la explotación económica y
la opresión política.
Todo apunta a que el gobierno estatal
y federal han cerrado filas para ahogar en sangre y fuego el descontento
popular en estas tierras dónde transitaron Hidalgo, Morelos, Matamoros y
Melchor Ocampo, ante este escenario represivo y de terrorismo de Estado, donde
a los inconformes se les pretende criminalizar vinculándolos a grupos
delincuenciales y a movimientos subversivos, a los explotados y oprimidos sólo
nos queda el camino de la resistencia y la combatividad.
Por este medio alertamos al pueblo de
una nueva oleada represiva en ciernes que ha sido orquestada en la reciente
reunión entre Fausto Vallejo Figueroa y Alejandro Poiré Romero para tratar de
ahogar por medio de la represión las exigencias populares de justicia social.
Una justificante para la represión es
seguir apuntalando el mito de la agresión de la delincuencia organizada contra
comunidades y pueblos para justificar mañosamente la militarización en la
Meseta P´urhépecha. Este estado policiaco-militar nunca podrá darle seguridad a
nuestro pueblo, hermanos, los únicos capaces de generar seguridad es el propio
pueblo, pero fuera de los marcos paramilitares y corporativisantes.
¡Hermanos, hermanas, camaradas! ante
este escenario latente de represión que el gobierno priista y panista están
empeñados en realizar, ¡A mantener en alto las banderas de la resistencia y la
combatividad popular!, ¡Ha generalizar las acciones políticas de masas y
estructurar la autodefensa popular!
Las masas oprimidas han dado un
ejemplo de heroísmo y combatividad, una muestra de lo que se puede hacer cuando
se logra la unidad de acción en respuesta a la política represiva y militarista
de este gobierno antipopular. Si le pegan a uno, nos pegan a todos, luego
entonces una agresión a una organización popular, es una agresión al pueblo, y
éste tiene que comprender una cosa, sus hijos están siendo masacrados, es
tiempo de romper temores y silencio, que la resistencia y la combatividad
atruene por doquier; que la solidaridad popular sea el punto de partida para la
unidad popular. ¡EL PUEBLO TIENE EL DERECHO INALIENABLE A LA REBELION!
POSDATA: ante la censura y autocensura difúndase este comunicado en las
redes sociales, de mano en mano y de boca en boca.
¡A CERRAR FILAS CONTRA EL TERRORISMO DE ESTADO!
¡A IMPULSAR LA AUTODEFENSA DEL PUEBLO!
¡A SEGUIR EXIGIENDO LA PRESENTACIÓN CON VIDA DE
TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS!
¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!
COMITÉ ESTATAL
DEL
PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA DE ZONA
DEL
EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
EPR
Año 48.
Desde algún lugar del estado de Michoacán de
Ocampo, a 30 de octubre de 2012.
