Chimalapas proponen diálogo a chiapanecos

Alberto López Morales

SAN ANTONIO, CHIMALAPAS, Oax.- Mientras mira hacia los pinos que apenas se distinguen entre la neblina y se frota las manos para sacudirse del frío que produce la llovizna con viento conocida aquí como “agua norte”, don Juan confiesa que lo que más le duele a los chimalapas no es la pobreza, “sino el olvido”.

¿El olvido de quién?, se le pregunta. De todos, responde sin vacilación, sentado de cuclillas junto a unos ardientes trozos de leños secos que echan humo al convertirse poco a poco en ceniza, a un costado del camino que va al ejido chiapaneco Gustavo Díaz Ordaz y que está bloqueado con cadenas y camionetas desde el jueves 20 de octubre.

“Lo que más nos duele es el olvido”, reitera a su lado el líder de los comuneros zoques, Alberto Cruz Gutiérrez, envuelto en una gruesa chamarra color café. “Por el olvido de los gobiernos, los chimalapas enfrentamos la invasión de nuestras selvas y por el olvido el conflicto agrario con Chiapas tienen más de 40 años”, refiere con un gesto de enfado y fastidio.

El reloj marca las 14:30 horas del sábado, pero la neblina y los nubarrones negros simulan un horario tardío. Los zoques procedentes de San Miguel Chimalapa bajan prestos de las redilas, se sacuden el polvo de sus chamarras y cuidan con celo sus machetes. De Inmediato doña María les da la bienvenida y comienza la reunión.

Treinta minutos después el acuerdo es unánime y rubricado ruidosamente con vivas y aplausos: Por el olvido en que nos tienen los gobiernos, vamos a ir, en paz, al ejido chiapaneco Gustavo Díaz Ordaz, vamos a invitar a los campesinos para que dialoguemos directamente, exclama Álvaro Román, del consejo de vigilancia comunal.

Antes de que los chimalapas suban de nueva cuenta a sus camionetas redilas, unos 30 soldados, encargados de evitar enfrentamientos en la zona del conflicto desde el sábado 22 de octubre, abordan cuatro vehículos tipo Hummer y enfilan hacia la polvorienta terracería que conduce a Gustavo Díaz Ordaz. La tensión crece y se observa en los gestos endurecidos de todos.

En el centro del poblado Gustavo Díaz Ordaz, los policías chiapanecos se refugian en la comandancia, a los lejos, desde las ventanas de las viviendas de madera y techo de lámina asoman los rostros de niños que muestran en sus ojos la expresión del miedo, a unos 100 metros mujeres y hombres chiapanecos se repliegan, mientras los chimalapas instalan sobre una camioneta un aparato de sonido que funciona con una bomba de gasolina y que despliega la voz de Alberto Cruz.

“Entre hermanos indígenas zoques y tzotziles no debemos pelearnos. Estamos confrontados porque así conviene a los intereses políticos de los gobiernos de Oaxaca, Chiapas y de México y a los intereses económicos de los talamontes. Venimos a invitarlos a dialogar y a escuchar la propuesta que tenemos por mandato de la asamblea comunal del 20 de septiembre”, dice a manera de preámbulo en medio de la tensión.

La propuesta es simple: Los chimalapas reconocerán como comuneros, con plenos derechos, a los chiapanecos que reconozcan que están asentados en las tierras comunales de los zoques. El plazo vence en diciembre. De lo contrario, los chimalapas asumirán otras acciones en el que no descartan el desalojo.

Media hora después, los chimalapas regresan a San Antonio. Solo en ese momento las facciones endurecidas del capitán de caballería Sixto Román, el responsable de la guarnición militar, se suavizan. La tensión cede a la algarabía, pero el conflicto agrario y el encono ya dejaron huellas: De regreso a San Antonio, uno 10 niños, menores de 10 años, reciben a la caravana de hombres y mujeres con disparos simulados, trasformando sus pequeñas manos en armas de fuego. La palma extendida, tres dedos hacia atrás, el índice por delante, el pulgar hacia arriba y el onomatopéyico ¡pum!, ¡pum!, sale de sus labios.

El olvido gubernamental, duele más que la pobreza y la marginación, resume Enoc Matus, el director de la primaria donde no hay clases por el conflicto. “La gente no tiene para comer y sobrevive en el bloqueo comiendo malanga. El olvido lastima a nuestra gente”, dice con la voz que apaga el viento frío que desciende con fuerza de las montañas cubiertas de neblina y pinos.

Chimalapas “toman” simbólicamente el ejido Díaz Ordaz

Alberto López Morales

Juchitán, Oax.-Unos 150 comuneros zoques de San Miguel Chimalapa y de los poblados San Antonio y Benito Juárez. "tomaron" simbólicamente, en un ambiente tenso, el ejido chiapaneco Gustavo Díaz Ordaz, en los límites de Chiapas y Oaxaca.

Los chimalapas se apostaron a la entrada del ejido, bajo la vigilancia de soldados del 13 Regimiento de Caballería Motorizada que resguarda la zona del conflicto agrario desde hace una semana, mientras que la población chiapaneca se replegó a unos 100 metros enfrente de donde los zoques se plantaron.

"Venimos en un plan pacífico para proponerles que reconozcan nuestra autoridad comunal y a cambio dejaremos que sigan trabajando la tierra y viviendo en paz", les dijo el dirigente zoque Alberto Cruz Gutiérrez, quien les recordó que "ustedes se encuentran en la selva propiedad de los chimalapas".

Cruz Gutiérrez calificó la irrupción de los chimalapas al ejido Díaz Ordaz como "histórica, después de 40 años de su creación" y acusó a los gobiernos de Oaxaca y de Chiapas y al gobierno federal de negarse a resolver el conflicto por sus intereses políticos y los intereses económicos de los talamontes.

Durante media hora, comuneros hicieron escuchar sus voces a los chiapanecos que mantuvieron la distancia y a quienes advirtieron son esos intereses los que quieren provocar un enfrentamiento "entre hermanos zoques y tzotziles".

El conflicto agrario tiene más de 40 años. Chiapas, de acuerdo con los chimalapas han invadido desde entonces unas 150 mil hectáreas de San Miguel y Santa María Chimalapa.

Después de 30 minutos de la "toma simbólica" del ejido chiapaneco, los chimalapas regresaron a San Antonio, donde sigue el paso bloqueado con cadenas desde el jueves 20 de este mes y ahí responsabilizaron a los gobiernos de ambas entidades y al gobierno federal de cualquier enfrentamiento o de represión.

Los chimalapas exigieron además al gobierno de Oaxaca que atienda las necesidades de los pueblos zoques de la zona oriente, donde hay desabasto de alimentos, siguen suspendidas las clases en las escuelas y son necesarias las brigadas médicas.

El ejido Díaz Ordaz está asentado sobre casi cinco mil hectáreas de los chimalapas. En noviembre del año pasado la SRA ofreció a los zoques 20 millones de pesos por esas tierras. En la asamblea que se realizó este sábado en San Antonio, los zoques volvieron a rechazar la oferta y anunciaron que en las próximas movilizaciones en defensa de recursos naturales, se sumarán los pobladores de Santa María Chimalapa.

Muere campesino en La Venta, en desalojo de anti eólicos

Alberto López Morales

     JUCHITÁN, Oax.- La protesta de campesinos que se oponen a la construcción del parque eólico “Piedra Larga”, en el poblado zapoteca de Unión Hidalgo, provocó la muerte de Reynaldo Ordaz Velázquez, en La Venta, agencia de esta ciudad, cuando los manifestantes bloqueaban la carretera Panamericana.

     Los integrantes de la Asamblea de Pueblos Indígenas en Defensa de la Tierra habían iniciado un bloqueo sobre la carretera Panamericana, a la altura de la desviación a La Venta, cuando ocurrió el zafarrancho con “policías municipales de esa comunidad que nos lanzó disparos y desalojó con violencia”, dijo Betina Cruz Velázquez, dirigente de esa organización.

     El secretario municipal del gobierno juchiteco, Juan Antonio García dijo que no es posible que la policía de La Venta hayan disparado “porque ningún policía, ni de las agencias ni de la cabecera cuentan con armas de fuego” y pidió que la Procuraduría de Justicia investigue los hechos y castigue a los responsables.

    De acuerdo con los primeros reportes, el fallecido intentó pasar en el bloqueo cuando recibió un impacto de bala en el rostro. Los hechos ocurrieron poco después de las 16:00 horas de este sábado.

     Pobladores de La Venta denunciaron que la agresión en contra de Reynaldo Ordaz, vecino de esa localidad, provino desde una camioneta donde viajaban el integrante de la Comisión Política de la Sección 22 del SNTE, Rodrigo Flores Peñaloza y Juan Rasgado, uno de los campesinos inconformes con la construcción del parque eólico.

     “Rodrigo Flores Peñaloza no participó en el bloqueo de la carretera porque él acudió a la capital de Oaxaca a participar en una conferencia y venía de regreso”, dijo Betina Cruz, quien apenas días antes había solicitado medidas cautelares porque había recibido amenazas de muerte de parte del personal de seguridad de la empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos (Demex), que tiene a su cargo la construcción del parque eólico en Unión Hidalgo.

     Por su parte Rodrigo Flores Peñaloza dijo que este sábado se reunió en la capital de Oaxaca, con el gobernador Gabino Cué para pedirle que instalara una mesa de diálogo con los empresarios de la empresa Demex y a las 14:00 horas ofreció una conferencia de prensa. "Eso prueba de que no estuve en el bloqueo y demuestra que quieren incriminarme", señaló.

La construcción del parque eólico comenzó en febrero pasado, a cargo de Demex, asociada con Bimbo y tiene una inversión de 200 millones de dólares y está previsto que genere 90 megawats de electricidad a través del aprovechamiento del viento, para el segundo semestre del 2012.

     Desde febrero, en que comenzó la construcción del parque eólico, un grupo de 40 campesinos que rentaron sus tierras a la empresa Demex se inconformaron con el contrato de arrendamiento y solicitaron la revisión de varias cláusulas.

     Apenas el 25 de este mes los campesinos bloquearon el paso de los trabajadores de Demex hacia sus tierras, aunque la obra continuó debido a que los obreros habilitaron un camino alterno.

     El viernes pasado los dirigentes de la Asamblea de los Pueblos del Istmo pidió al gobernador Gabino Cué, que instalara una mesa de diálogo con los inversionistas filiales de la española Renovalia Energy y que investigara bajo qué condiciones estaban construyendo el parque eólico.

Le falla SRA a Chimalapas

Alberto López Morales

     JUCHITÁN, Oax.- Las autoridades de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) “plantaron” a los zoques de la región oriente de los chimalapas, quienes esperaban que este miércoles se instalara una mesa de diálogo en San Antonio, donde desde el jueves está bloqueado el paso a los chiapanecos.

     El presidente del comisariado de bienes comunales de San Miguel Chimalapa, Alberto Cruz Gutiérrez lamentó el silencio de la SRA “que solo abona a la incertidumbre y a elevar el riesgo de un enfrentamiento en la zona del conflicto agrario” entre comuneros zoques y ejidatarios chiapanecos.

     A su regreso de la capital oaxaqueña, Cruz Gutiérrez informó que el presidente de la Junta de Conciliación Agraria del gobierno de Oaxaca, Carlos Moreno Derbez, les informó que los funcionarios de la SRA no estaban en condiciones de instalar la mesa agraria.

     “En Oaxaca nos dijeron que si la SRA y Semarnat (que ha autorizado a los chiapanecos permisos forestales en la zona del conflicto), no estaban disponibles, tampoco las autoridades de Oaxaca estaban en condiciones de acudir a San Antonio”, en la zona oriente de los chimalapas, señaló Cruz Gutiérrez.

     Para nosotros, añadió el dirigente de los comuneros zoques, parece que los gobiernos de México y de Oaxaca no tienen interés de resolver el problema agrario que tiene más de 40 años y tampoco les interesa evitar un derramamiento de sangre en la zona.

     Cruz Gutiérrez también lamentó la negativa del gobierno de Chiapas para sentarse y dialogar civilizadamente en la zona del conflicto, con la intención de encontrar un arreglo pacífico al conflicto agrario.

      Por el lado de San Miguel Chimalapa, Chiapas tiene invadidas cerca de 47 mil hectáreas y por el lado de Santa María Chimalapa tiene en su poder algo así como 100 mil hectáreas de tierras comunales zoques, recordó Alberto cruz Gutiérrez.

     De acuerdo con la resolución presidencial de 1967, entre ambos poblados zoques cuentan con casi 600 mil hectáreas de selvas y bosques que han venido siendo invadidos mediante el desplazamiento de ejidos chiapanecos a la zona oriente de los chimalapas.

     Mediante un comunicado difundido este miércoles, las autoridades comunales de San Miguel Chimalapa exigieron “una solución definitiva y atención inmediata del conflicto agrario y ambiental y demandaron que el ejido Gustavo Díaz Ordaz, Cintalapa, Chiapas, y todos los demás ejidos que ilegalmente se asientan en la porción oriente de Chimalapas, reconozcan que están asentados en las tierras comunales Chimalapas”.

     A cambio, plantearon, la comunidad de San Miguel Chimalapa y  la de Santa María, reconocerán las posesiones de los verdaderos ejidatarios campesinos que viven y trabajan la tierra y en caso de negativa a este reconocimiento, que el gobierno federal les reubique y les entregue la contraprestación ofrecida por el programa COSOMER de la SRA.

     Los representantes zoques de San Miguel Chimalapa solicitaron además la cancelación inmediata de todos los permisos de explotación forestal, otorgados irresponsablemente por la SEMARNAT, a núcleos agrarios y predios autodenominados privados, ubicados ilegalmente en nuestro  territorio comunal, y cuyo saqueo sólo está beneficiando a contratistas y empresarios madereros.

     En comunicado, los chimalapas exigieron el respeto y cumplimiento inmediato, de los acuerdos agrarios, suscritos por el gobierno federal y los gobiernos de Chiapas y Oaxaca, con las comunidades Chimalapas y asentados en las minutas de fechas 20 de Diciembre de 1993 y 25 de Julio de 1995, y de la minuta de acuerdos ambientales del 11 de Mayo de 1999, donde el gobierno federal se comprometió a no otorgar permisos de aprovechamiento forestal maderable a Núcleos de Población Chiapanecos, que están dentro de los Bienes Comunales.

     Asimismo demandaron el retiro de la policía preventiva chiapaneca del territorio de los chimalapas y pidieron la atención a las demandas de carácter social en infraestructura básica, desarrollo humano y social, sin condicionar “la venta de nuestras tierras” como lo plantea el programa COSOMER de la SRA.

     Las asambleas comunitarias de San Antonio, Benito Juárez y de San Miguel Chimalapa decidirán las acciones que consideren necesarias para la defensa de sus tierras y para la solución de todos los conflictos agrarios existentes en la zona, dijeron los chimalapas.

 COMUNICADO DE LOS CHIMALAPAS

San Miguel Chimalapa, 20 de octubre de 2011

C. Felipe Calderón Hinojosa.- Presidente Constitucional de la República.

C. Secretario de Gobernación.

C. Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

C. Presidente del Tribunal Superior Agrario

C. Presidente del Honorable Congreso de la Unión.

c. Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos

C. Gabino Cué Monteagudo.- Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

C. José Martínez Álvarez.- Secretario de Gobierno del Estado de Oaxaca.

C. Presidente de la Mesa de Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado.

Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas

Organismos de la sociedad civil, ONG´s , ecologistas y defensores de derechos humanos, a nivel estatal, nacional e internacional,

A los Pueblos Indígenas y comunidades en lucha y defensa por sus tierras, territorios y bienes naturales comunes,

A la opinión pública y alos medios de comunicación, estatales, nacionales e internacionales

Les manifestamos:

Que nuestras comunidades zoque chimalapas, continuamos con una lucha iniciada desde hace mas de 60 años por la defensa de nuestras tierras y bienes naturales comunes, iniciando con acciones de bloqueo el día jueves 20 de octubre de 2011, en la zona oriente de nuestro territorio comunal en los anexos agrarios de Benito Juárez y San Antonio; enmedio de nuestras congregaciones comunales, se encuentra el Ejido Licenciado Gustavo Díaz Ordaz, que se dice pertenecer al municipio de Cintalapa, Chiapas;  núcleo agrario ilegalmente asentado en nuestras tierras comunales, por un conflicto agrario creado dolosamente por el gobierno federal –a instancias del gobierno chiapaneco- en 1967, al “dotar de tierras” a ejidos de origen chiapaneco, dentro de nuestros bienes comunales que de manera ancestral hemos poseído las comunidades indígenas zoques.

Ante la falta de atención, cerrazón del gobierno federal que ve como la única “solución”, la compra de nuestras tierras a través del programa COSOMER, operado por la SRA, ante la acción nefasta del gobierno de Chiapas y la omisión del Gobierno de Oaxaca, las comunidades chimas buscamos la reivindicación del Estado mexicano y exigimos el respeto a nuestro territorio olmeca - zoque ancestral,  el fin del saqueo, la depredación ecológica y de la privatización de nuestros bienes naturales comunes, por parte de ilegítimos intereses de madereros, ganaderos y funcionarios corruptos, que han administrado el conflicto agrario, en una región de gran importancia ecológica, fundamental para nuestro país y para el planeta mismo,  como lo es nuestra región Chimalapa, que es poseedora de un territorio con la mayor diversidad biológica del país y de Mesoamérica (mayor aún que la existente en la Selva Lacandona), proveedora de invaluables servicios hidrológicos, ambientales y de biodiversidad, además de contar con un legítimo antecedente histórico legal, pues el territorio indígena ancestral Chimalapas, es propiedad de nuestros antepasados de origen Olmeca - Zoques, cuya existencia es anterior a la de los estados de Oaxaca y  Chiapas. Nuestros abuelos para lograr el respeto a las tierras que poseían pagaron $25,000 en oro común, entregado en jícaras (de ahí deriva el nombre Chimalapa, en nuestra  lengua indígena zoque  tsima- Jícara, lapa – oro) a la corona española quien expidió Títulos Virreinales el 24 de Marzo de 1687 , mismos que fueron confirmados por el gobierno del México independiente en 1850 y luego, 117 años después, ratificados por dos resoluciones presidenciales de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales, emitidas en marzo de 1967, a favor de San Miguel y Santa María Chimalapa.

A pesar de nuestro antecedente histórico – legal, y de la importancia biológica, damos a conocer el desafortunado origen del actual conflicto agrario y ambiental, que surge cuando empresas madereras, apoyadas por el gobierno del estado de Chiapas y contando con el aval del gobierno federal, se asientan ilegalmente en la porción oriente del territorio comunal Zoque Chimalapa, instalando 25 aserraderos, a través de los cuales durante 27 años explotan y saquean 100 mil hectáreas de bosques de pino encino y bosques de niebla.

Para encubrir este saqueo depredador, los ilegítimos intereses económicos y políticos, literalmente crean el doloso conflicto interestatal Chiapas-Oaxaca –que nada tiene que ver con nuestra legítima propiedad comunal-  y fundan los primeros ejidos con sus propios peones y trabajadores madereros a quienes les “dotan” tierras dentro de los bienes comunales y, luego continúan esta estrategia perversa -durante los gobiernos de Absalón Castellanos y Patrocinio González Garrido- trasladando a familias tsotsiles de los Altos de Chiapas, desplazadas por conflictos interreligiosos ó por carencia de tierras, dentro de nuestros territorios comunales chimalapas. Con ello crearon un absurdo y trágico conflicto entre nosotros, indígenas pobres zoques – chimalapas, contra indígenas pobres de origen tsotsil de los Altos de Chiapas, mismo que ha sido utilizado para encubrir el saqueo de los bienes naturales comunes (selvas y bosques) de parte de madereros –como es el caso actual- ganaderos, latifundistas y funcionarios corruptos.

En contrapartida, nuestras comunidades zoque chimalapas han luchado pacíficamente desde hace muchos años, por la defensa de nuestro territorio y de nuestros bienes naturales comunes, brindándoles a los ilegales núcleos agrarios ejidales de origen chiapaneco y a sus pobladores indígenas y campesinos, el ofrecimiento – hecho por nosotros, desde 1991- para  que se incorporen como comuneros chimalapas, a cambio de que únicamente reconozcan los Bienes Comunales de San Miguel Chimalapa, lo cual  de ninguna manera implica el quitarle tierras al estado de Chiapas.

Para dar fin a este problema hemos insistido ante el gobierno federal (SRA) la atención inmediata al conflicto, “creado por error –y dolo-  del mismo gobierno”, y ante esa falta de atención y voluntad política del gobierno federal (SRA, Segob)  encuadrados únicamente en el programa COSOMER, traducida en su ofrecimiento de que los Chimalapas les “vendamos nuestras tierras”, las dependencias no han trabajado con los actores directamente afectados, sobre una propuesta definitiva que de solución a este añejo conflicto que se ha desenfrenado y que ha sido el pretexto para la explotación, el saqueo y la depredación de la región más biodiversa del país, colocando en riesgo la estabilidad social de la región y de las comunidades, todo ello, debido a la actuación por demás irresponsable y dolosa de la SEMARNAT, al otorgar permisos de aprovechamiento forestal maderables en territorio en conflicto –agrario e interestatal- y a pesar de la prohibición establecida en la legislación que rige la materia, y a pesar de los acuerdos suscritos por las Comunidades y el gobierno federal, Chiapas y Oaxaca desde el año de 1999.

Finalmente, queremos dejar en claro que nuestras demandas actuales como Chimalapas, por las que estamos y seguiremos  luchando de forma pacífica, pero irrenunciable, son:

La solución definitiva y atención inmediata del conflicto agrario y ambiental: respeto a nuestra posesión y propiedad histórica – ancestral (territorio indígena olmeca zoque Chimalapa) y legal (Títulos Virreinales) y a nuestras Resoluciones Presidenciales, reivindicándonos nuestras tierras.

a)       Ello implica, que el Ejido Licenciado Gustavo Díaz Ordaz, Cintalapa, Chiapas –y todos los demás ejidos que ilegalmente se asientan en la porción oriente de Chimalapas- , reconozcan que están asentados en las tierras comunales Chimalapas”, a cambio, la comunidad de San Miguel Chimalapa –y en su momento, la de Santa María, como ya lo ha manifestado- reconocerá las posesiones de los verdaderos ejidatarios campesinos que viven y trabajan la tierra; en caso de negativa a este reconocimiento, que el gobierno federal les reubique y les entregue la contraprestación ofrecida por el programa COSOMER de la SRA.

Que el gobierno Federal y los gobiernos de Chiapas y de Oaxaca,  respeten el irrenunciable derecho al territorio y al  resguardo y manejo de los bienes naturales comunes, de nosotros, los Zoques – Chimalapas.

Respeto y cumplimiento a todos los Instrumentos Internacionales de protección y defensa a los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y de derechos colectivos, suscritos y ratificados por el Gobierno Mexicano, y recientemente incorporados a estatus constitucional.

Respeto a la integridad de todos los comuneros zoques  - chimalapas, y respeto a sus derechos humanos colectivos y garantías individuales.

Cancelación inmediata de todos los permisos de explotación forestal, otorgados irresponsablemente por la SEMARNAT, a núcleos agrarios y predios autodenominados privados, ubicados ilegalmente en nuestro  territorio comunal, y cuyo saqueo sólo está beneficiando a contratistas y empresarios madereros.

Respeto y cumplimiento inmediato, de los acuerdos agrarios, suscritos por el gobierno federal y los gobiernos de Chiapas y Oaxaca, con las comunidades Chimalapas y asentados en las minutas de fechas 20 de Diciembre de 1993 y 25 de Julio de 1995, y de la minuta de acuerdos ambientales del 11 de Mayo de 1999, mediante la cual, el gobierno federal se compromete a No otorgar permisos de aprovechamiento forestal maderable a Núcleos de Población Chiapanecos, que están dentro de los Bienes Comunales.

Entrega inmediata del vehículo con los 44 tambos de resina de pino, secuestrado por el Ejido Licenciado Gustavo Díaz Ordaz, Cintalapa, Chiapas a comuneros indígenas zoques.

Retiro de la policía preventiva chiapaneca de los Bienes Comunales de los Chimalapas.

Atención a las demandas de carácter social en infraestructura básica, desarrollo humano y social, sin condicionar “la venta de nuestras tierras” como lo plantea el programa COSOMER de la SRA.

                                                                                                          

                                                                                                            ATENTAMENTE

POR LOS ORGANOS DE REPRESENTACIÓN Y VIGILANCIA SAN MIGUEL CHIMALAPAS
C. ALBERTO CRUZ GUTIERREZ PDTE. DEL COMISARIADO DE BIENES COMUNALES
C. FLORIDO ANTONIO CRUZ SRIO. DEL COMISARIADO DE BIENES COMUNALES	C. LUIS AGUILAR JUAN TESORERO DEL COMISARIADO DE BIENES COMUNALES
C. FRANCISCO SANCHEZ GUTIERREZ PDTE. DEL CONSEJO DE VIGILANCIA
C. ALVARO ROMAN RIOS SRIO. DEL CONSEJO DE VIGILANCIA

Desconocen Chimalapas si SRA instalará mesa agraria

Alberto López Morales

     JUCHITÁN, Oax.- Los dirigentes zoques del comisariado comunal de San Miguel Chimalapa externaron su preocupación porque hasta el medio día de este martes, aun desconocían si los funcionarios de la Reforma Agraria (SRA) accederían a instalar mañana miércoles la mesa agraria en la zona donde disputan con Chiapas casi cinco mil hectáreas de tierras, en la región oriente de los chimalapas.

     Como se sabe, los zoques bloquearon desde el jueves el paso de los chiapanecos de Gustavo Díaz Ordaz, un ejido asentado sobre casi cinco mil hectáreas comunales propiedad de los chimalapas, según estudios de campo realizados por la SRA. El bloqueo provocó que el gobierno chiapaneco enviara al territorio oaxaqueño más de 500 policías.

     “El gobierno de Oaxaca tiene la mejor voluntad de que se instale la mesa agraria”, dijo el presidente de la Junta de Conciliación Agraria del gobierno oaxaqueño, Carlos Moreno Derbez, quien consideró que es necesario que a esa mesa acudan también los funcionarios  de la SRA y de la Semarnat.

     Moreno Derbez explicó que hasta el medio día de este martes aun no tenía comunicación oficial alguna con funcionarios de esas dependencias para confirmar la reunión, el lugar y la hora. En principio, agregó, los chimalapas están pidiendo que el encuentro se realice en San Antonio, donde se instaló el bloqueo, en la zona oriente de los chimalapas.

     El presidente del comisariado comunal de San Miguel Chimalapa, Alberto Cruz Gutiérrez anunció que en conferencia de prensa en la capital de Oaxaca, que los zoques mantendrán el bloqueo al ejido Díaz Ordaz, hasta que no se instale la mesa agraria.

     Mientras tanto, la tensión se mantiene entre los pueblos ubicados en los límites de Oaxaca y Chiapas, donde el conflicto agrario que tiene más de 20 años, sigue el bloqueo de la carretera rural. Por esa razón el gobierno de Chiapas envió ayer la primera dotación de víveres a los ejidatarios de Gustavo Díaz Ordaz, a través de un helicóptero.

     “Si el gobierno de Chiapas está al pendiente del conflicto, yo no entiendo porque el gobierno de Oaxaca no se compromete más con las comunidades chimalapas que viven en la pobreza y la marginación, están sin energía eléctrica y sin apoyos para sus proyectos productivos”, lamentó Alberto Cruz Gutiérrez.

     Los chimalapas exigen que los gobiernos de Chiapas y Oaxaca intenten un proceso de conciliación “de campesino a campesino” para que aquellos chiapanecos que reconozcan a la autoridad comunal de los chimalapas, sigan en poder de sus propiedades. Dicho esquema de conciliación que comenzó en 1991, “fue reventado” en 1993 por los intereses económicos de los talamontes chiapanecos.

     “En caso de que Chiapas no acepte la conciliación, entonces lo que tiene que hacer la Reforma Agraria es tomar los 20 millones de pesos que nos ofreció a cambio de las cinco mil hectáreas a favor de los chiapanecos y que los use para reubicar al ejido Díaz Ordaz”, sentenció Alberto Cruz Gutiérrez.

Sigue el bloqueo de Chimalapas; tensión en la zona

Alberto López Morales

     JUCHITÁN, Oax.- Pese a que los gobiernos de Oaxaca y Chiapas acordaron evitar enfrentamientos armados en la zona Chimalapa, los zoques oaxaqueños de San Antonio y Benito Juárez resolvieron la madrugada de ayer, con el aval de las autoridades de San Miguel Chimalapa, mantener el bloqueo contra el ejido de Díaz Ordaz.

 La rebelión de los indígenas zoques de San Antonio y Benito Juárez, que pertenecen al municipio de San Miguel Chimalapa, estalló con un bloqueo a los chiapanecos del ejido de Gustavo Díaz Ordaz, de Cintalapa, Chiapas, en la zona limítrofe entre esa entidad y Oaxaca, donde prevalece un conflicto agrario desde hace más de 40 años.

     “Ya estamos cansados de que los chiapanecos destruyan nuestra selva, ya estamos hasta el carajo de que la Semarnat otorgue permisos de aprovechamiento forestal a los chiapanecos que invaden nuestras tierras comunales”, dijo el comunero zoque de San Antonio, Angélico Solano.

     A los tres días de que los chimalapas bloquearon el paso, en la mañana del sábado el gobierno de Chiapas respondió “en forma provocadora al meter a unos 600 policías al territorio oaxaqueño con la finalidad de desalojar a los zoques de sus propias y violó la soberanía oaxaqueña”, denunció el diputado federal de Oaxaca, Helidoro Díaz Escárraga.

     La irrupción de los policías chiapanecos a la zona oriente de los chimalapas acrecentó la tensión en la zona del conflicto agrario. Legisladores oaxaqueños como Flavio Sosa y dirigentes sociales como Carlos Beas, fundadores de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), condenaron el uso de la fuerza pública por parte del gobierno de Chiapas.

     Por la tarde del sábado, después de tres horas de conversaciones privadas que se realizaron en San Antonio, los ejidatarios chiapanecos de Gustavo Díaz Ordaz y los comuneros zoques de San Antonio y Benito Juárez, acordaron un pacto de no agresión, informaron los procuradores de justicia de Chiapas, Raciel López y de Oaxaca, Manuel López, quienes acudieron al punto del conflicto.

     Pese a que ambos gobiernos acordaron además de que policías de Chiapas y de Oaxaca patrullarán la zona, bajo el mando del Ejército Mexicano, para evitar enfrentamientos armados entre chiapanecos y oaxaqueños, los zoques de San Antonio y Benito Juárez resolvieron en la madrugada del domingo, con el aval de las autoridades comunales de San Miguel Chimalapa, mantener el bloqueo en contra de Díaz Ordaz.

     “No vamos a retirar el bloqueo porque desde hace años los funcionarios de la Reforma Agraria, quienes crearon el conflicto agrario, nos dicen que van a resolver el problema y no la han hecho. Los chimalapas exigimos que el titular de la SRA llegue a San Antonio este miércoles”, precisó el secretario del consejo comunal de vigilancia, Álvaro Román.

     Los chimalapas también reclamaron la presencia de funcionarios de la Semarnat que desde el 2005, acusaron, otorgaron permisos para el aprovechamiento forestal en la zona oriente de los chimalapas, a pesar de que desde 1999, los gobiernos de Oaxaca y Chiapas habían convenido con el gobierno federal de que no se otorgarían nuevos permisos en las zonas del conflicto agrario.

     Con una gruesa cadena, camionetas, fogatas, llantas y postes de cemento, unos 100 comuneros zoques formaron una barricada a la entrada de San Antonio, mientras que kilómetros adelante, los comuneros de Benito Juárez cerraron la pinza con cadenas y palos e incomunicaron a los chiapanecos de Gustavo Díaz Ordaz, que se ubica entre ambas poblaciones chimalapas.

     El bloqueo comenzó desde la 01:00 horas del jueves y el viernes, comuneros zoques de la cabecera San Miguel Chimalapa cerraron el paso vehicular sobre la Carretera Panamericana, a la altura del poblado La Venta, en la región del Istmo de Tehuantepec. La tensión se recrudeció porque en la noche del viernes, policías chiapanecos de Gustavo Díaz Ordaz dispararon en contra de comuneros zoques de Benito Juárez.

     “Exigimos que la Secretaría de la Reforma Agraria resuelva el problema que creó desde hace más de 40 años al permitir que los chiapanecos fundaran el ejido Díaz Ordaz en la selva zoque y en el territorio oaxaqueño”, apuntó el líder comunal, Alberto Cruz Gutiérrez, en pleno bloqueo de la carretera.

     En la zona oriente de San Miguel Chimalapa, que tiene 134 mil hectáreas según la resolución presidencial de 1967, “el gobierno de Chiapas, con la complacencia de las autoridades agrarias, creó los poblados de Flor de Chiapas, Ramón Escobar Balboa y Gustavo Díaz Ordaz.

     La tensión y el encono entre las comunidades zoques y chiapanecas resurgió en septiembre pasado, luego de que los pobladores de Gustavo Díaz Ordaz retuvieron un camión tipo redilas con casi nueve toneladas de resina que los chimalapas extraen de los pinos para su comercialización.

     El camión retenido con su cargamento de resina, parado frente a la oficina de la agencia municipal de Díaz Ordaz, está resguardado por los policías estatales de Cintalapa, Chiapas, donde también vigilan unos 30 hombres encabezados por sus dirigentes David García y Efrén Velázquez.

    “Nosotros solo le pedimos a la Reforma Agraria que reubique al ejido Díaz Ordaz, que está ocupando casi cinco mil hectáreas de nuestra selva, de lo contrario, nosotros vamos a desalojarlos a cómo de lugar”, advirtieron los zoques que mantendrán el bloqueo en la zona oriente de los chimalapas por tiempo indefinido.

     En noviembre del año pasado, la SRA ofreció a San Miguel Chimalapa 20 millones de pesos a cambio de que los núcleos agrarios de Flor de Chiapas, Ramón E. Balboa y Gustavo Díaz Ordaz se queden con unas 20 mil hectáreas de selvas zoques.

     Las asambleas de los pueblos zoques de San Miguel Chimalapa, San Antonio y Benito Juárez respondieron que “la madre tierra no está en venta y que tomen esos 20 millones para que se lleven a los chiapanecos a vivir a otra parte”, recordó Angélico Solano.

     La rebeldía de los chimalapas estalló también en contra del gobernador de Oaxaca, Gabino Cué porque ha incumplido su palabra. “El 29 de abril el gobernador nos recibió y se comprometió a crear una comisión especial para atender a los chimalapas y dijo que promovería una controversia para fijar los límites de Oaxaca y Chiapas. Nada se ha cumplido”, expresó Álvaro Román.

Mantienen chimalapas el bloqueo a ejido chiapaneco

Alberto López Morales

     JUCHITÁN, Oax.- Los comuneros zoques acordaron esta madrugada mantener el bloqueo al ejido chiapaneco de Gustavo Díaz Ordaz, en la región oriente de los chimalapas, “hasta que lleguen las autoridades de la Reforma Agraria en la zona del conflicto”.

     El secretario del consejo comunal de vigilancia, Álvaro Román dijo que el acuerdo fue propuesto por las asambleas de las poblaciones zoques de San Antonio y Benito Juárez, ubicadas en la región oriente de los chimalapas y fue avalado por el comisariado comunal de San Miguel Chimalapa.

     “Acordamos mantener el bloqueo porque tenemos experiencias de años pasados en donde los chimalapas cedemos, pero después la SRA incumple sus compromisos”, dijo al tiempo de recordar que desde 1986 dejaron de creerles a las autoridades.

     En diciembre de 1986, rememoró, “cuando los chimalapas desmantelamos los aserraderos clandestinos en la zona oriente y detuvimos a Ernesto Castellanos Domínguez, hermano del entonces gobernador chiapaneco, Absalón Castellanos, la SRA dijo que resolvería el conflicto, pero no cumplió su palabra”.

     “así ocurrió cuando en 1996 detuvimos a 14 chiapanecos que talaban clandestinamente nuestros pinos y así ocurrió en los años de 2006 y 2009, cuando cerramos el paso a los chiapanecos de Gustavo Díaz Ordaz. Siempre no ha engañado”, dijeron los chimalapas.

     Los chimalapas exigen la reubicación del ejido Gustavo Díaz Ordaz, que de acuerdo con mediciones de la SRA, está ubicado dentro de una superficie de casi cinco mil hectáreas de tierras comunales de San Miguel Chimalapa y dentro de los límites de Oaxaca.

     Por la tarde del sábado, los chimalapas de Benito Juárez y San Antonio y los chiapanecos del ejido Díaz Ordaz acordaron verbalmente un pacto de no agresión ante los procuradores de Chiapas y Oaxaca, Raciel López Salazar y Manuel de Jesús López, respectivamente.

     Dicho pacto nació después que más de 500 policías chiapanecos irrumpieron en el territorio de Oaxaca y amagaron con desalojar a los zoques de San Antonio, quienes bloquearon desde el jueves el paso de los chiapanecos de Gustavo Díaz Ordaz.

     “Nosotros exigimos la presencia del secretario de la Reforma Agraria, Abelardo Escobar Prieto, para este miércoles en la comunidad de San Antonio para que se instale la mesa agraria. Si no llega, el bloquea se mantendrá”, acordaron los dirigentes comunales de San Miguel Chimalapa.

     Mientras tanto, desde la tarde del sábado 12 policías de Chiapas y 12 más de Oaxaca, establecieron un operativo de vigilancia, bajo el mando del Ejército Mexicano, en la zona oriente de los chimalapas con la finalidad de que se eviten enfrentamientos.

     En noviembre del año pasado, la Reforma Agraria propuso 20 millones a los comuneros de San Miguel Chimalapa cambio de que Chiapas se quede con las casi cinco mil hectáreas que ocupa el ejido Díaz Ordaz. Los comuneros zoques rechazaron la oferta gubernamental.

     Tras la incursión de los policías chiapanecos al territorio comunal de los zoques, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), acusó que en el escalamiento del conflicto está la política irresponsable de Semarnat al otorgar permisos de aprovechamiento forestal a los chiapanecos.

     El dirigente de Ucizoni, Carlos Beas Torres dijo a través de un comunicado difundido hoy, que las autoridades agrarias y los gobiernos de Oaxaca y Chiapas deben agilizar la solución del conflicto para evitar el derramamiento de sangre entre chiapanecos y oaxaqueños.

Pactan tregua en la zona oriente de los chimalapas

Alberto López Morales

     Juchitán, Oax.-Después de tres días del bloqueo al  ejido chiapaneco de Gustavo Díaz Ordaz, los procuradores de Chiapas y Oaxaca, Raciel López y Manuel de Jesús López, respectivamente,  acordaron con las autoridades de la zona oriente de los chimalapas un pacto de civilidad y no agresión para evitar el derramamiento de sangre.

     En el encuentro con los comuneros zoques de San Antonio  y Benito Juárez y los  ejidatarios chiapanecos de Gustavo Díaz Ordaz, los funcionarios de Oaxaca y Chiapas acordaron la instalación de una base móvil  de operaciones mixtas con fuerzas de seguridad pública de ambas entidades bajo el mando del Ejército Mexicano.

     La reunión se realizó después que los comuneros zoques denunciaron que unos 300 policías de Chiapas irrumpieron en San Antonio, Chimalapas con la finalidad de romper el bloqueo que instalaron desde el jueves en contra del poblado. Gustavo Díaz Ordaz.

     Los chimalapas decidirán este domingo si retiran los dos bloqueos instalados en San Antonio y Benito Juárez. Sin embargo  exigieron la instalación inmediata de una mesa agraria para resolver el conflicto agrario que tiene más de 40 años. 

Comuneros de Oaxaca denuncian irrupción policial

Pobladores de la comunidad zoque de San Antonio denunciaron la entrada de casi 300 policías chiapanecos luego de un altercado por la división de tierras

Unos 300 policías chiapanecos irrumpieron en la comunidad zoque de San Antonio, perteneciente a San Miguel Chimalapa, denunciaron las autoridades comunales.
"La situación es tensa y hay una abierta provocación de los policías chiapanecos que dispararon en contra de nuestros compañeros del poblado de Benito Juárez", dijo Angélico Solano, vocero de los chimalapas.
Desde la madrugada del jueves, los comuneros zoques de la zona oriente bloquearon el paso a chiapanecos que viven en el ejido Gustavo Díaz Ordaz, para pedir la intervención del gobierno de Oaxaca ante el conflicto agrario que se vive en los límites de Chiapas y Oaxaca.
A fines de septiembre los chiapanecos incautaron a los chimalapas un camión con nueve toneladas de resina de pino y hasta ahora la carga permanece resguardada por fuerzas de. Seguridad pública de Cintalapa, Chiapas en Díaz Ordaz.
Se espera que funcionarios de Chiapas y Oaxaca se reúnan en San Antonio para distensar el ambiente.
Díaz Ordaz está asentada sobre casi cinco mil hectáreas de la selva chimalapa. La SRA propuso en noviembre pasado a los zoques 20 millones de pesos a cambio de que Chiapas se quede con las tierras. Los chimalapas rechazaron la propuesta.

Un fraude, el Hospital de Especialidades de Salina Cruz, Oaxaca

Alberto López Morales

     SALINA CRUZ, Oax.- Con el paro de labores que iniciaron casi 300 médicos y enfermeras en el hospital general de especialidades de la Secretaría de Salud, quedó al descubierto que “la construcción del nosocomio fue deficiente y tuvo fallas de origen en su estructura”.

     “El paro de labores (27 de septiembre), no fue por capricho de los compañeros trabajadores, sino porque en el hospital no hay condiciones para laborar”, señaló el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria número dos del Istmo, Ricardo Nagaya Escobar.

     El hospital de especialidades fue inaugurado por el presidente Felipe Calderón, el 25 de abril de 2009, cuando Ulises Ruiz Ortiz, era gobernador de Oaxaca y Martín Vásquez Villanueva, actual presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, era secretario de Salud.

     De acuerdo con la ficha técnica que difundió en ese entonces la Presidencia de México, el nosocomio costó 115 millones de pesos y beneficiaría a 77 mil habitantes del sur de Oaxaca y se le consideró como un Hospital General de 60 camas con Especialidades.

     “Oficialmente el hospital no está acreditado como de especialidades porque a pesar de que cuenta con cirujanos maxilofacial, nefrólogos, oftalmólogos y cardiólogos, no tiene el equipo necesario y tampoco la infraestructura adecuada”, dijo Nagaya Escobar.

     Una explosión en la casa de máquinas del hospital provocó fallas en el transformador y dejó sin energía eléctrica en todo el hospital. La falla se originó porque se sobrecalentó el sistema de aire acondicionado, que debería ser de 40 toneladas, pero instalaron un equipo de 30 toneladas.

     Sin energía eléctrica y sin aire acondicionado, fue imposible trabajar en los quirófanos, destacó por su parte el dirigente regional del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Óscar Gómez Hernández.

     También hubo filtración de humedad y agua de lluvia en los techos y en las paredes  y luego se descubrió que la planta de tratamiento de aguas residuales no tiene la capacidad para atender la demanda del nosocomio.

     Desde un principio, las autoridades de Salud no acreditaron al hospital como de especialidades debido a que la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales no reúne la exigencia para evitar infecciones. “A alguien se le ocurrió construir un baño con sanitarios, ahí”, dijo Nagaya Escobar.

     Durante su inauguración, las autoridades destacaron que el nosocomio contaría con uno de los tomógrafos más modernos que tuvo un costo de 14 millones de pesos. “El equipo de tomografía nunca funcionó porque llegó defectuoso”, explicaron los trabajadores del nosocomio.

     Ante la falta de la acreditación como hospital de especialidades, los pacientes y sus familiares han tenido que pagar los servicios médicos “porque el Seguro Popular no ampara la gratuidad del servicio”, dijo el líder sindical Óscar Gómez.

     El pasado jueves casi mil trabajadores del sector salud que labora en el Istmo de Tehuantepec protestaron con una marcha en el puerto de Salina Cruz y exigieron además la liberación de instrumental e insumos médicos porque “ni una jeringa tenemos”, denunciaron los médicos.

     Tras la marcha, los casi 300 médicos y enfermeras votaron a favor de que el paro continúe a pesar de los ofrecimientos dados por las autoridades del sector salud. “La base trabajadora ya no cree en las palabras de los funcionarios”, señaló Óscar Gómez.

     El jefe de la Jurisdicción Sanitaria, Ricardo Nagaya Escobar, señaló que “las autoridades están invirtiendo sumas millonarias en la reestructuración del hospital, en la remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos.

     Se invierte también en la reparación de la planta de tratamiento de aguas residuales, del sistema aire acondicionado y de la energía eléctrica y en el arreglo de los equipos de rayos X y de tomografía que no funcionan, añadió el funcionario del sector salud.

     Como resultado del paro laboral, en el hospital general de este puerto no se pudieron otorgar mil 800 consultas de especialidades y 54 cirugías de especialidades se realizaron en los hospitales de Juchitán, Tehuantepec e Ixtepec.

Juchitán Informa: El Senado: plataforma política

Juchitán Informa: El Senado: plataforma política: JUCHITÁN INFORMA El Senado: plataforma política Alberto López Morales En Oaxaca la pelea por un escaño en el Senado se profundiza, aun...

El Senado: plataforma política

JUCHITÁN INFORMA

El Senado: plataforma política

Alberto López Morales

     En Oaxaca la pelea por un escaño en el Senado se profundiza, aunque las facultades de la llamada Cámara Alta del Congreso de la Unión poco tienen que ver con las necesidades de los oaxaqueños.

     De acuerdo con la Constitución Política de México (artículo 76), se establece que la principal atribución del Senado es la de analizar la política exterior desarrollada por el presidente de la república.

     ¿Entones por qué se pelean los políticos oaxaqueños para alcanzar un escaño en el Senado?

     Porque el Senado en México se ha convertido en la plataforma política para el relanzamiento electoral. O sea primero el cargo de senador y desde ahí, la búsqueda del cargo de gobernador.

     En Oaxaca son muchos los tiradores inscritos para llegar al Senado en la elección del 2012. Aun cuando no son los tiempos de la precampaña y menos de la campaña electoral formal, todos sin excepción andan desatados.

     En el PRI la lista crece cada semana, sin ningún rubor de parte de los prospectos, al igual que en el PAN, el PRD, el PT y el llamado Movimiento Ciudadano, antes Convergencia.

     Curiosamente en las filas priístas la mayoría de los aspirantes son diputados federales como Héctor Pablo Ramírez, Heliodoro Díaz Escárraga, Sofía Castro, Jorge Franco y Manuel García Corpus. También están el diputado local, Martín Vásquez Villanueva, Eviel Pérez Magaña y Jorge Toledo Luis.

     Todos sin excepción llevan tiempo con sus recorridos por toda la geografía oaxaqueña. La mayoría presume bajo el brazo su respectivo informe legislativo. El pretexto es lo de menos, lo que importa es que sus mensajes lleguen al mayor número de priístas.

     Los priístas que aspiran al Senado saben que la Cámara Alta es una excelente plataforma política para el relanzamiento electoral, aunque algunos, como Pérez Magaña tengan el estigma de la derrota.

     Los panistas Diódoro Carrasco Altamirano y Eufrosina Cruz Mendoza también están listos para la competencia y al igual que los priístas, llevan un buen rato con sus recorridos y visitas a las comunidades que nunca imaginaron conocer de cerca a los aspirantes.

     Benjamín Robles Montoya, es el más aventajado suspirante del Movimiento Ciudadano, conocido antes como Convergencia, y en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), las casi naturales disputas internas entre las tribus no han dado lugar a que sobresalga alguien.

     Los priístas están animados porque todas las encuestas dan como futuro vencedor al PRI, porque todas las encuestas colocan a Enrique Peña Nieto, como el favorito con más del 50% de las preferencias de los votantes.

     Andan animados porque en esa lógica, presumen que quien sea el candidato priísta al Senado ganará con el arrastre de Peña Nieto, al igual que el factor AMLO hizo ganar a muchos candidatos a diputados que quizá nunca conocieron su verdadera aceptación ciudadana.

     Pero la primera pregunta para todos los aspirantes priístas sería si ¿no se supone que es Peña Nieto el que necesita a un candidato que no solo gane, sino que arrolle y le proporcione el mayor número de votos para asegurar el regreso a Los Pinos?

     En la lógica del triunfo anticipado de Peña Nieto, es poco probable que entre los priístas se presente la ruptura en esta ocasión. El equipo del ex gobernador, conocedor por cierto de la política del garrote y la zanahoria, ofrece desde ahora premios de consolación como  chamba en las delegaciones federales.

     De todos los aspirantes, son pocos los expertos en política exterior que reclama el Senado, pero ¡qué importa! Lo esencial es que todos tienen el derecho legítimo de usar la Cámara Alta para saltar a la gubernatura, aunque ninguno de ellos tiene derecho de engañar a los votantes.

     Después de todo, al menos en el PRI, los candidatos a senadores serán electos mediante el controlado sistema de convenciones electorales y los aspirantes no tendrán el desafío de medirse entre sí en una elección abierta entre la sociedad.

     ¿Informes legislativos? ¿Haciendo el presupuesto? ¿Visitas de cortesía o de solidaridad? ¿Preocupación por la militancia priísta? ¿Interesados en la renovación de los comités municipales? El nombre es lo de menos, lo que importa es el Senado como plataforma política.

     Mensaje a los aspirantes al Senado: ¿Saben y conocen que a dos horas de Oaxaca quedan Santa Cruz y Santiago Mitlatongo que viven en albergues y exigen la ayuda humanitaria porque sus viviendas están en una zona de riesgo? Ahí podrían ir juntos, de la mano, y poner sus buenos oficios a favor de los necesitados que no tienen ni para comer.

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